Recientemente leía las declaraciones de Ana Belén Montes
pronunciadas ante la corte en el momento de ser sentenciada.
La Sra. Montes alega que procedió de acuerdo a los dictados de su
conciencia y utiliza una serie de argumentos para justificar su
conducta. Son fácilmente reconocibles: intolerancia, injusticia,
falta de compasión, unidas a "desprecio" hacia Cuba por parte de los
Estados Unidos.
Menciona también el derecho de los cubanos a dictar su destino y
a buscar sus ideales de igualdad y justicia.
Esas razones, nos dice, la impulsaron a traicionar a su país.
Reconoce el delito para mitigar la pena mientras justifica las
causas.
Pues bien estamos plagados de Anas Belén Montes cubanos que andan
en las mismas aquí y allá. Su discurso traducido:"Me equivoqué y me
salió mal el asunto pero la causa era buena". Nunca fue buena,
siempre fue claramente tiránica y perversa aunque disfrazada de los
mismos adjetivos que mencionamos.
Ser magnánimo y hasta generoso con el vencido es gran cualidad.
El pueblo cubano la tiene y la debe aplicar una vez más. Las
truculencias no resuelven nada y se puede hacer justicia con arreglo
a derecho.
Pero de esa posición razonable a aceptar que lo malo era bueno y
que lo negro fue blanco va mucho trecho.
Y por allí nos quieren llevar los apologistas del borrón y cuenta
nueva que confunde todo al mezclarlo; y de la transición con la
constitución castrista del ‘92 como documento fundamental con
enmiendas, claro está, para dorar un poco la píldora.
No tiene sentido. Hay que romper con el pasado como han hecho
todos los países que salieron de las tiranías y organizar el estado
sobre bases sólidas que no tengan ese bagaje opresivo Y para empezar
no es necesario romperse mucho la cabeza ni convocar a una
Constituyente de inmediato.
No hay base para hacerlo. La preparación de un evento de esa
magnitud requiere cuidado esmerado.
¿Qué hacer pues?
Lo hemos venido proponiendo en éstas y otras páginas por años y
lo repetimos ahora que se vislumbra el final: el Gobierno
Provisional debe dictar un "Bill of Rights' o sea, unas garantías
fundamentales que bien puede extraer del título IV de la
Constitución del ‘40 tal vez con pequeños retoques para dar aún más
protección al ciudadano y funcionar con ello durante la transición.
Si se garantiza la libertad de expresión, asociación, educación,
empresa, derecho de propiedad, habeas corpus, inviolabilidad del
domicilio y correspondencia y todas las demás que constituyen las
limitaciones clásicas al poder, entonces estaremos en el verdadero
camino de la libertad.
Pero un documento en sí no da garantías. Es preciso crear un
Tribunal Provisional que proteja esas garantías.
En España se resolvió el problema por la Ley 62/78 que creó una
Sala especial o de lo constitucional en tanto se organizaba el
estado y se creaba un Tribunal Constitucional. Funcionó por dos años
del ‘78 al ‘80.
En Cuba desafortunadamente no contamos con la tradición judicial
que sí tenía la España de Franco. Los regímenes autoritarios
respetan usualmente la propiedad y el derecho privado; sólo son
autoritarios en lo político. Pero los totalitarios consumen toda la
sociedad incluyendo el Poder Judicial en todas sus manifestaciones.
Sin embargo, encontrar cinco o siete juristas decentes, justos y
entendidos podrá hacerse y es la clave para mantener la transición
dentro de cauces democráticos en los cuales se ponga coto al poder
del estado.
Se irá acostumbrando entonces el pueblo al hecho de que un
decreto de la autoridad no es la palabra final. Y ésa es la base de
la democracia y la convivencia civilizada.
Que es conveniente hacer después, modificar la constitución del
40, o dictar una nueva es tema para discutir a fondo en un clima de
libertad.
