¿EL ESTADO PARA EL HOMBRE O EL HOMBRE PARA EL ESTADO?
UN COLOQUIO CONSTITUCIONAL SOBRE LA TERCERA REPUBLICA
ANEXO SOBRE LA CONSTITUCION DEL 40
POR: ALBERTO LUZÁRRAGA
Después de
Castro una nueva constitución o una reforma integral de la Constitución del 40
parecen inevitables.
Una simple
lectura de los textos constitucionales nos muestra que no cabe la restauración
absoluta de la Constitución del 40 por falta de validez práctica. Habría que
modificarla sustancialmente. En el último caso, la modificación tendría un
alcance que dicho documento definiría como reforma integral. De acuerdo con la
constitución del 40 ello nos llevaría a un sistema de reforma que ella llama
"asamblea plebiscitaria" la cual sería electa sólo para aprobar o
rechazar las reformas. A continuación en nota al pie citamos las partes
pertinentes de la Constitución del 40 que rigen la cuestión.[1]
Resulta claro
que ese precepto se escribió para un país normal. La iniciativa popular no cabe
en las circunstancias que vamos a afrontar con un país sumido en décadas de
falta de información. Y no existe un congreso como estipula el artículo citado.
Sin entrar en
demasiados ejemplos de cambios necesarios que la Constitución del 40
calificaría de "integral" tomemos uno que es imposible soslayar. Según
el artículo 24 habría que efectuar una indemnización en efectivo, fijada
judicialmente, a cada cubano que sufrió un despojo o confiscación. [2]
El Artículo 24 cuando
se adjunta a las protecciones del 22 y 23 que prohíben la retroactividad de las
leyes es de lo mejor que existe en materia de protección a la propiedad
privada. Los tres artículos deben mantenerse en el futuro. Pero con respecto al
pasado no cabe duda de que la solución del problema de las confiscaciones va a
depender de muchas cosas, entre otras la capacidad de pago de un país endeudado
a ultranza que debe más de once mil millones de dólares al mundo occidental y
más de 20 mil a Rusia. Y no contemos lo que se le debe a Estados Unidos por
concepto de expropiaciones que tal vez sean billones, suficientes (según que
cálculo de intereses moratorios se haga) para redondear la cifra en los 40
billones. Las sumas son irrelevantes en cuanto a precisión absoluta. Son
impagables y ello pone en contexto el tema de las indemnizaciones del Art. 24.
Añadamos a esto
la situación imposible de la vivienda urbana, los destrozos a la propiedad
agrícola e industrial, las empresas incosteables con trabajadores que perciben
salarios míseros, y de inmediato captamos la complejidad de volver a un sistema
de empresa privada que ampare la propiedad y garantice un nivel de vida
adecuado al trabajador cubano.
En definitiva este último
objetivo, el
bienestar de la nación y su fuerza de trabajo, será el principal a obtener por
cualquier gobierno y lo que pueda o no pueda hacer estará ligado
inexorablemente a su logro.
Y como si no fuera poco
sumemos en fin los años transcurridos, los herederos posibles
y la falta de tribunales adecuados que
serían los encargados de fijar la indemnización, amparar al afectado y reintegrarlo a la
posesión pacífica de su propiedad.
No hace falta
gran estudio para llegar a la conclusión de que el Art. 24 tendría que estar
sujeto a la adición de una transitoria respecto al pasado en tanto se estudie a
fondo y se decida esta difícil cuestión porque no vamos a crear una tercera
república caracterizada por pleitos incesantes entre los despojados, el estado,
los herederos, etc. Es simplemente absurdo e inoperante.
Y también sería
absurdo pretender que no ha pasado nada y que atropellar el derecho por más de
40 años puede ser simplemente pasado por alto. Además es inoperante pues no
enfrentar el problema impediría el desarrollo y la nueva inversión por falta de
seguridad jurídica.
Supongamos pues,
que se dictase una transitoria que bien pudiera significar la suspensión
temporal del Art. 24 o reglas especiales que reconozcan la coyuntura del
momento. Hay precedentes en la Constitución del 40 que dictó transitorias que
afectaban el título IV (que contiene los Arts. 22, 23 y 24) y alteraron
retroactivamente el régimen contractual para hacer frente a los problemas de
deudas impagas creados por el "crash" del 29 y sus efectos
subsiguientes.
Como explicamos,
significaría una reforma integral de la Constitución del 40 y desembocaríamos en
una Asamblea Plebiscitaria para simplemente aprobar o rechazar las reformas
según exige dicho documento.
¿Pero realmente,
quien piensa que una Asamblea Plebiscitaria electa para decir sí o no a las
reformas va a conformarse con ese mandato? Eso valía para una situación normal
con partidos políticos, oposición y un congreso normal que es el que usualmente
proponía las reformas. En la ausencia de estos supuestos una Asamblea Plebiscitaria
convocada por iniciativa popular sería muy difícil dada la envergadura de los cambios
y la dificultad de llegar a un acuerdo por ese método. La Asamblea
Plebiscitaria se tornaría Asamblea Constituyente con plenos poderes.
El otro recurso
según algunos, sería reformarla por decreto y someterla a un referéndum. Pero
esto huele a método castrista y le restaría legitimidad. No es aceptable.
Por último no
contemplamos ni por asomo un arreglo mediante el cual se reformase la "intocable"
constitución castrista del 76 modificada en 1992 y el 2002 porque no es sino
calco de la estalinista de 1936 y constituye el apoyo de un estado totalitario.
Sirve sólo para cumplir con la "intocabilidad" y derogarla.
En cuanto a la
Asamblea del Poder Popular castrista que bajo esa opción, supuestamente sería
la que "reformaría" por tercera vez la constitución castrista, veamos
la triste realidad.
Se trata de una
entidad que carece de legitimidad moral y de equilibrio ideológico y político. Es
simplemente un instrumento servil de una dictadura que aprueba las modificaciones
que le presenten por "unanimidad." y sus discusiones son una
colección de arengas a cual más adulatoria
Sirve solamente
para ser disuelta.
[1] Art.285. La Constitución sólo podrá reformarse: a) Por iniciativa del pueblo, mediante presentación al Congreso de la
correspondiente proposición, suscrita, entre los organismos electorales, por no
menos de cien mil electores que sepan leer y escribir y de acuerdo con lo que
la Ley establezca. Hecho lo anterior, el Congreso se reunirá en un solo cuerpo,
y dentro de los treinta días subsiguientes votará sin discusión la Ley
procedente para convocar a elecciones de Delegados o a un referendo. b) por iniciativa del
Congreso, mediante
la proposición correspondiente, suscrita por no menos de la cuarta parte de los
miembros del Cuerpo colegislador a que pertenezcan los proponentes.
Art.286. La
reforma de la Constitución será específica, parcial o integral. En el caso de
reforma especifica o parcial, propuesta por iniciativa popular, se someterá a
un referendo en la primera elección que se celebre, siempre que el precepto
nuevo que se trate de incorporar, o el ya existente que se pretenda revisar,
sea susceptible de proponerse de modo que el pueblo pueda aprobarlo o
rechazarlo, contestando «si» o «no».
En el caso de que la reforma sea
integral o se contraiga a la soberanía nacional o a los artículos veintidós,
veintitrés, veinticuatro y ochenta y siete de esta Constitución, o a la forma
de Gobierno……, se convocará a elecciones para Delegados a una Asamblea
plebiscitaria, que tendrá lugar seis meses después de acordada, la que se
limitará exclusivamente a aprobar o rechazar las reformas propuestas. Esta Asamblea cumplirá sus deberes con entera independencia
del Congreso, dentro de los treinta días subsiguientes a su constitución
definitiva. Los Delegados a dicha Convención serán elegidos por provincias, en
la proporción de uno por cada cincuenta mil habitantes o fracción mayor de
veinticinco mil, y en la forma que establezca la Ley, sin que ningún
congresista pueda ser electo para el cargo de Delegado
[2] Art.24- Se
prohíbe la confiscación de bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino
por autoridad judicial competente y por causa justificada de utilidad pública o
interés social, y siempre previo al pago de la correspondiente
indemnización en efectivo fijada judicialmente. La falta de cumplimiento de
estos requisitos determinará el derecho del expropiado a ser amparado por
Tribunales de Justicia, y en
su caso reintegrado en su propiedad. La certeza de la causa de utilidad pública o interés
social y la necesidad de la expropiación
corresponderá decidirlas a los tribunales de Justicia en caso de impugnación.